En un operativo conjunto, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento de 2,433 kilogramos de aletas de tiburón deshidratadas, que pretendía ser exportado desde el puerto de Ensenada con destino a la ciudad de Shanghai, en China.
El decomiso, considerado uno de los más importantes en su tipo, fue posible luego de que el pasado 5 de junio, personal de la Marina alertara sobre un contenedor sospechoso en el Recinto Estratégico del Puerto de Ensenada. Al revisar su interior, inspectores de la Profepa encontraron 135 costales que contenían aletas de diversas especies de tiburón.
Durante la inspección, y en coordinación con personal de Semar y Aduanas, se realizó el vaciado, pesado, identificación y separación del contenido, que incluyó:
- 1,282.35 kg de aletas de especies pesqueras de tiburón y rayas
- 151.65 kg de aletas secas de tiburón toro (Carcharhinus leucas)
- 317.38 kg de aletas secas de tiburón martillo común (Sphyrna lewini)
- 682.22 kg de aletas de tiburón sedoso o tiburón piloto (Carcharhinus falciformis)




El hallazgo también reveló que parte del producto provenía de ejemplares juveniles y neonatos, lo que agrava el daño ambiental y biológico.
Las especies decomisadas están protegidas por la NOM-029-PESC-2006, que prohíbe expresamente el aprovechamiento exclusivo de aletas de tiburón.
Además, el comercio internacional de tiburón toro, martillo común y sedoso se encuentra regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ya que están enlistadas en su Apéndice II.
Durante la diligencia, las autoridades solicitaron al responsable del cargamento el certificado CITES correspondiente, pero no se acreditó la legalidad de la exportación, por lo que se procedió al aseguramiento precautorio del producto y se solicitó su inmovilización inmediata por parte de la Aduana.





La Profepa anunció que dará seguimiento al caso en coordinación con otras autoridades, a fin de deslindar responsabilidades y evitar que este tipo de prácticas ilegales continúen poniendo en riesgo a las especies marinas.